La Fiscalía preoucupada por la situación de los menores rumanos abandonados
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, recoge en el informe presentado en la inauguración del año fiscal celebrada el día 21 de septiembre, la preocupación de la ficalía de menores por la adopción de los menores rumanos en nuestro país.
La Fiscalía ha detectado serios problemas en la adopción de niños rumanos abandonados y pone de manifiesto la "pasividad" de Bucarest en la repatriación de sus menores, que están abocados a un acogimiento familiar permanente pues Rumanía proscribe la adopción internacional de sus nacionales.
Recogemos el fragmento del informe de la fiscalía que hace referencia a este tema:
Se han planteado problemas en relación con la adopción de menores abandonados de nacionalidad rumana.
La Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Córdoba refiere que en estos casos los expedientes de adopción se encuentran al día de la fecha en una grave situación de paralización. Para esta Fiscalía, la actuación procedente es la de promover la adopción. Sin embargo, la normativa de Rumanía no es favorable.
La Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Sevilla destaca la pluralidad de menores de origen rumano que son entregados a la Entidad Pública por sus progenitores, muchos de ellos recién nacidos. La Entidad Pública ha puesto de manifiesto la dificultad de dar una salida definitiva a tales menores, al existir un Acuerdo entre los estados Español y Rumano de diciembre de 2005, por el que se establece la repatriación para esos casos, repatriación que nunca llega a ejecutarse por pasividad de las Autoridades rumanas, que sin embargo ponen de manifiesto que la legislación de dicho país proscribe la adopción internacional de sus nacionales, lo que aboca a los menores a mantenerse en un acogimiento familiar permanente que nunca llega convertirse en adoptivo, cuando no a un mero acogimiento residencial.
También da cuenta la Sección de Menores de Cáceres de la postura del Gobierno de Rumanía, manifestada mediante comunicaciones de la Embajadora y la Cónsul, contraria a la adopción por considerar que el domicilio del menor rumano nacido en España es irregular porque «los padres biológicos de los niños, ciudadanos rumanos nacidos en el extranjero, no tienen domicilio legal en el extranjero y por consecuencia, el domicilio legal de estos niños es Rumanía, y no está permitida la adopción por parte de familias o personas que viven en el extranjero lo que impone el inicio del procedimiento de repatriación».
Esta lectura del Acuerdo entre Rumanía y España sobre cooperación en el ámbito de la protección de menores de edad rumanos no acompañados y su relación con la ley de adopción rumana que prohíbe «la adopción internacional del niño que tiene domicilio en Rumanía» no debe impedir la protección de los menores tutelados por la Entidad Pública, algunos desde hace dos años.
Para la Sección de Menores la interpretación que la Cónsul realiza del domicilio de los menores rumanos (ilegal porque el de sus padres es ilegal) es contraria al derecho de la Unión Europea de la que Rumanía es parte de pleno derecho desde el 1 de enero de 2007, pues uno de los pilares fundacionales y fundamentales de la Unión, es la libre circulación de personas (y la elección de su residencia, de manera que ya no existe residencia ilegal en Europa de un ciudadano rumano) e infringe el principio de igualdad.
Afortunadamente, el año 2008 ha concluido con la propuesta de varias adopciones de estos niños, lo que va a permitir ofrecerles un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social mediante la integración familiar tan deseada, evitando un perjuicio añadido por su institucionalización, pues a medida que cumplen más edad, ven alejarse la posibilidad de ser adoptados.
